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Nota del Editor: Síntesis de la llamada Causa Hotesur


Con motivo de la citación a indagatoria en esta causa a Cristina Fernández de Kirchner y demás imputados en este juicio parece oportuno hacer una síntesis del desarrollo de la misma hasta la fecha.
La Causa Hotesur es el nombre con el que se conoce a la causa judicial federal penal 11352/2014, iniciada en enero 2011 por una denuncia de la diputada nacional Margarita StolbizerStolbizer pidió que se investiguen irregularidades relacionadas con la declaración jurada de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el incumplimiento por parte de la empresa Hotesur S.A. (de la cual es accionista) de normas de inscripción y publicación en la Inspección General de Justicia (IGJ): adeudar impuestos, no presentar balances desde 2011 ni la conformación societaria ni del directorio.

Según información de CIJ la causa fue iniciada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 3 a cargo del Dr. Daniel Eduardo Rafecas (que habría recibido el expediente luego de que la Sala I de la Cámara Federal porteña resolviera apartar al juez Claudio Bonadio) pero tras la resolución de la Cámara de fecha 28/4/2016 la causa pasó al juzgado N° 10 a cargo de Julián Ercolini.

La causa comenzó a cargo del fiscal Carlos Stornelli. Al pasar al juzgado de Ercolini, quedó a cargo del fiscal Gerardo Pollicita. En mayo de 2016, tras un pedido de Pollicita, se sumó al equipo el fiscal Ignacio Mahiques.

En la causa hay más de 20 imputados entre los que se encuentran: Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Lázaro Báez, Martín Báez (hijo de Lázaro Báez), Osvaldo Sanfelice y Adrián Berni.

En esta causa se investiga la operatoria hotelera de la familia Kirchner con diversos empresarios, como Lázaro Báez y Cristóbal López. La hipótesis de la acusación es que los mismos alquilaban las habitaciones de los hoteles de la familia Kirchner sin ocuparlos y que así se configuraría lavado de dinero proveniente de sobreprecios cobrados en la obra pública.

Bajo esta hipotésis se investiga los ingresos de dinero de la sociedad Hotesur S.A. dueña del hotel Alto Calafate, y cuyos accionistas son miembros de la familia de Cristina Fernández de Kirchner. La sociedad habría realizado alquileres “fantasma” pagados por las sociedades Austral Construcciones S.A.; Badial S.A.; Kank y Costilla S.A.; Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL; Alucom Austral S.R.L.; La Estación S.A.; Don Francisco S.A.) y de otras como Credisol SA y Diagonal Sur comunicaciones –todas ellas presuntamente vinculadas a Lázaro Báez, y se intenta saber asimismo si el origen de los fondos sería un blanqueo de sobornos.
Investigación
El juez Julián Ercolini dispuso una pericia contable de la que participaron peritos oficiales y uno propuesto por las defensas en la que se piden precisiones sobre los alquileres, contratos y operaciones de la sociedad Los Sauces.
En los libros contables fueron advertidas por la fiscalía anomalías como tachaduras, enmiendas y sobrescrituras por lo que, a su pedido, el juez ordenó una peritación caligráfica para determinar la autenticidad de las firmas de Cristina, Néstor, Máximo y Florencia Kirchner obrantes en los libros de actas de la firma “Hotesur SA. Otra medida judicial fue el secuestro de documentación por la Gendarmería Argentina realizado a inicios de diciembre de 2016 en las sucursales de los bancos Nación, Santa Cruz y Patagonia en El Calafate.
El abogado de Fernández afirmó que las sociedades Hotesur y Los Sauces son presididas por Romina Mercado, que los accionistas son Cristina Fernández de Kirchner, Máximo y Florencia y que no se dedican al negocio hotelero sino al alquiler de inmuebles, a un precio fijo, conforme contratos oficializados que corresponde a valores de mercado. El hotel Alto Calafate, única propiedad de Hotesur, y las propiedades de Los Sauces se alquilaron a empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López; sobre esto declara que ello no es un delito y aclara que Hotesur nunca le alquiló nada a Aerolíneas Argentinas.
Es oportuno señalar que el 30/6/2016 en el marco de la causa SGI (en el año 2013 la diputada Elisa Carrió denunció a los imputados –entre otros CFK y Lázaro Baez- por presuntas operaciones de lavado de activos a través de la financiera Southern Globe Investments (SGI), conocida también como “la Rosadita”), la Cámara recomendó coordinar con investigaciones por ahora a cargo de otros jueces, nombrando específicamente la causa Hotesur.
En el marco de la causa, el 15 de julio de 2016 el juez Ercolini dispuso embargar preventivamente las sumas de U$S 4.664.000, que estaban en una caja de seguridad abierta a nombre de Florencia Kirchner y de U$S 1.032.144,91 y de $ 53.280,24 que estaban en cajas de ahorro a nombre de la misma. 
Del primer informe de los peritos técnicos (tres oficiales, dos del Ministerio Público Fiscal, dos de la Oficina Anticorrupción y tres de las defensas) encargados de analizar la documentación contable financiera, surge que en 2010 y 2011 Lázaro Báez aportó más del 50% de la facturación total de Alto Calafate, casi cincuenta millones de pesos desde varias empresas a la firma Valle Mitre, gerenciadora del hotel, por el supuesto alquiler de cientos de habitaciones y otras dependencias, mientras que entre 2009 y 2014 la familia Kirchner retiró una suma similar en concepto de adelanto de dividendos; al mismo tiempo, el registro de huéspedes del hotel no se encuentra.
En mayo de 2017 los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques firmaron un dictamen en el que piden al juez Ercolini la indagatoria de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, Lázaro y Martín Báez y otras diecisiete personas, al igual que la inhibición general de sus bienes. En julio de 2017, Pollicita pidió allanar la sede de la empresa Asociación Turística SRL en Buenos Aires, donde tiene su sede legal esa compañía que administra el hotel Las Dunas en El Calafate. Como se encontró ninguna documentación de la empresa, el fiscal acrecentó sus sospechas de que se trataría de otra sociedad fantasma que aparece vinculada a Hotesur.
Conforme lo solicitado por los fiscales, el juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia, a su detenido contador Víctor Manzanares y al también preso Lázaro Báez en la causa que investiga un multimillonario lavado de dinero proveniente de pago de sobornos, a través de falsos alquileres de plazas hoteleras a la familia presidencial.
Las declaraciones de un total de 24 acusados comenzarán el 5 de octubre con la apoderada de la firma "Kank y Costilla" del grupo Austral Construcciones, María Alejandra Jaimeson, y terminarán el 20 de diciembre con el escribano de Báez, Ricardo Albornoz, según la resolución del magistrado.
Las indagatorias se iniciarán antes de las elecciones de octubre próximo pero la ex Presidenta está citada para después: el 9 de noviembre a las 10 en el cuarto piso de los tribunales federales de Retiro. Para el 13 a la misma hora se convocó a Máximo Kirchner y para el 15 del mismo mes a Florencia, los dos hijos de la ex Presidenta y actual candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana.

Infografia La Nación



El Editor (en base a información de ACIJ)

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