Nota de opinión: "EE.UU. aportó datos en una causa por evasión con cuentas de argentinos en el exterior" por Martín Kanenguiser
"La
Justicia analiza 75.000 archivos aportados por el gobierno de los Estados
Unidos en la causa en la que se investiga la presunta evasión
fiscal en cuentas bancarias de argentinos radicadas en el exterior.
Así
lo detallaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales, que están verificando
la información aportada por el Departamento de Justicia norteamericano.
La
investigación está a cargo del fiscal en lo Penal Económico Nº 9, Claudio Navas
Rial, quien tiene delegada la instrucción de la causa por las cuentas de
argentinos en Suiza. El fiscal pidió a Estados Unidos la información, que llegó
en un disco rígido con datos aportados por diferentes bancos al gobierno
norteamericano. Algunos abogados defensores intentaron impugnar, sin suerte,
esta pesquisa.
Las
fuentes aclararon que se trata de la información referida a las 4000 cuentas
bancarias radicadas en el banco
HSBC de Suiza que habían sido denunciadas por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la gestión de Ricardo
Echegaray, al frente del organismo en el gobierno de Cristina
Kirchner .
Por
la complejidad y la cantidad de material, el fiscal pidió ayuda a un cuerpo de
peritos que se encargará de clasificar la información, que servirá para
confirmar o no los procesamientos dictados por la jueza que está a cargo de la
causa, María Verónica Straccia.
La
magistrada había dictado 84 procesamientos a fines de julio pasado, aunque
luego algunos contribuyentes lograron que se les revirtiera esa medida por
presentar documentación que acreditó que el período investigado estaba
prescripto.
Navas
Rial apeló los procesamientos ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, al
considerar que la mayoría de los acusados deben ser tipificados con el delito
de "evasión agravada".
Con
la información aportada por Estados Unidos, el fiscal cree que se podrá lograr
ese cambio en la situación de varios de los procesados, porque se les podría
reclamar una cantidad de impuestos mayor que la determinada previamente.
Cooperación bilateral
Pero
la cooperación con Estados Unidos no sólo avanza en el plano judicial, sino
también entre ambos gobiernos, ya que la AFIP espera que en las próximas semanas
comience a regir el ansiado tratado de intercambio de información tributaria a
nivel bilateral.
Luego
de que se cumplieran algunos pasos formales -al traducirse al inglés el acuerdo
firmado el año pasado por el entonces ministro de Economía, Alfonso
Prat-Gay y el gobierno norteamericano- el intercambio comenzará
a implementarse en las próximas semanas.
En
principio, será a requerimiento, hasta que el Internal Revenue Service (IRS, el
organismo fiscal de Estados Unidos) determine si las medidas de seguridad son
suficientes como para realizarlo de manera automática.
En
este sentido, la filtración de datos del último blanqueo de capitales a través
del diario Página 12 no generó preocupación en el gobierno estadounidense, que
considera que su par argentino tomó las medidas necesarias para prevenir nuevos
episodios de este tipo.
La
AFIP inició un proceso de auditoría interna y, a la vez, contrató a la
consultora global Deloitte para hacer otra externa. La sospecha de los
funcionarios que rodean a Alberto
Abad es que la filtración fue ejecutada por directivos de la
institución provenientes de la gestión kirchnerista.
Varios
de los contribuyentes denunciados en esta causa que lleva adelante Straccia se
acogieron al mencionado blanqueo de capitales.
Por
su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF) investiga 8000 casos de
contribuyentes que ingresaron al blanqueo, para ver si, más allá de la evasión,
cometieron algún delito más grave vinculado al lavado de dinero.
Se
trata de información aportada por los bancos a través de los Reportes de
Operaciones Sospechosas (ROS) desarrollados durante el régimen de sinceramiento
que terminó a fines de marzo pasado con el blanqueo de US$ 116.800 millones.
La
UIF, que conduce Mariano Federici, confrontó estos casos con sus propias bases
de datos e intenta determinar si hay elementos para formular denuncias penales.
Esta
entidad cuenta no sólo con la información de diversos países que solicitó a
requerimiento, sino también con datos aportados en forma espontánea por otros
gobiernos, varios latinoamericanos y el de Estados Unidos, a partir de la buena
relación lograda en el último año y medio por parte de la administración
macrista.
En
este sentido, uno de los casos que ya llegó a los tribunales fue el del
fundador de la feria La Salada, José Castillo. Entre otros delitos, está
acusado de lavado de dinero y, tal como él mismo lo admitió, entró al blanqueo.
La
Nación
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