[N del E: A menos de una semana de las elecciones] La
Cámara Federal le ordenó este martes al juez Luis Rodríguez el desafuero y la
detención del diputado kirchnerista y exministro de Planificación Julio De
Vido, en el marco de la causa que investiga la presunta defraudación al Estado
en la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio.
Con
este nuevo fallo se complica la situación judicial de De Vido, quien
actualmente afronta el juicio por la Tragedia de Once, acusado de estrago
culposo y administración fraudulenta.
La
Sala II le encomendó al magistrado que, antes de hacer efectiva la detención
del legislador, proceda a enviar el correspondiente pedido de desafuero a la
Cámara de Diputados para que se le quiten los fueros que le dan inmunidad de ir
a prisión.
La
Cámara se expidió así del pedido del fiscal Germán Modes, quien solicitó el
desafuero de De Vido por “la premura y firmeza del caso”. Anteriormente había
sido el fiscal Carlos Stornelli quien había hecho el pedido, rechazado por Luis
Rodríguez en julio pasado.
En
el fallo, el juez Leopoldo Bruglia -que integra otra sala- desempató entre los
camaristas y adhirió al voto de su par Martín Irurzun. El juez Eduardo Farah
votó en disidencia.
Irurzun
y Bruglia coincidieron en que “a la hora de examinar la presencia de riesgos
procesales no corresponde limitar el análisis al arraigo o la manera en que los
involucrados se comportan formalmente en el proceso penal”.
“Resulta
especialmente relevante determinar si existen datos reales, concretos y
objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales
tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden
estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal”, subrayaron en
el dictamen.
En
la causa se investiga una presunta malversación de fondos públicos destinados a
la modernización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) que habrían
causado un perjuicio a las arcas estatales del orden de los 265 millones de
pesos.
Ello
habría ocurrido, según la imputación, mediante una “triangulación contractual”
entre “YCRT, la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN) y la Fundación de la Facultad Regional de Santa Cruz, con la
actuación además, de numerosos funcionarios públicos de diferentes niveles
jerárquicos del Ministerio de Planificación Federal de la Nación y las
Municipalidades de Río Turbio y de Río Gallegos”.
Hace
poco más de un mes, Rodríguez dispuso la indagatoria de De Vido y otros 36
imputados, entre ellos Roberto Baratta, uno de los principales colaboradores
del exministro, pero rehusó ordenar las detenciones que le había pedido el
fiscal Carlos Stornelli.
“Las
circunstancias alegadas por el fiscal para sustentar la restricción ambulatoria
de De Vido se encuentran suficientemente objetivadas en la encuesta”,
coincidieron Bruglia e Irurzun, en tanto que el tercer juez de la Sala, Eduardo
Farah, se inclinó sólo por pedir el desafuero.
Los
jueces coincidieron en que existieron cuanto menos maniobras dilatorias en la
investigación, que fueron evaluadas incluso por el juez Rodríguez al implantar
el secreto de sumario o para “lograr el éxito” de allanamientos y al ordenar
“la inhibición general de bienes, el embargo, el bloqueo de los fondos y la
intervención judicial, con la remoción de sus actuales autoridades, de la
Fundación Facultad Regional Santa Cruz”.
“Se
verifican en derredor de De Vido indicios de entidad suficiente como para
presumir que su libertad constituye un riesgo para el proceso en curso, su
encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de
esta investigación”, resumió el fallo.
El Parlamentario
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