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Noticia: "Sobre Responsabilidad Empresaria por Corrupción"

Se realizó una conferencia sobre Responsabilidad Empresaria por Corrupción, que contó con el apoyo del Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés, el International Development Research center de Canadá y el Programa de Compliance Corporativo & Enforcement de NYU.

El tema es actual para la Argentina, que en este momento debate en el Congreso el proyecto de ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, presentado en octubre por el Poder Ejecutivo, que ya sufrió varias modificaciones y no termina de dársele el visto bueno en el recinto.

Según los expertos hay dos visiones al respecto. La primera, que las empresas deben hacerse cargo de los ilícitos que cometieron a través de duras sanciones, monetarias, pero que también pueden llegar hasta la imposibilidad de usar la marca, por ejemplo. La otra visión, a la que adhieren especialistas sobre todo de los Estados Unidos, de Europa, y también funcionarios locales del poder judicial, es que el fin de una ley de estas características es que las empresas quieran cooperar con la Justicia, para de esta manera abrir la puerta a posibles sanciones a personas físicas responsables de los ilícitos tanto dentro de la empresa como en las filas de los funcionarios públicos que participaron del cohecho, es decir de las "coimas" para favorecer a determinada empresa en desmedro de otra compañía.

En este punto fue especialmente el director de la Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal. "Hay que blanquear la realidad de las cosas", dijo casi al final de las segunda jornada. "Se necesita un sinceramiento y pegarle al chancho para que aparezca el dueño" Estamos buscando que la empresa colabore con el Estado para que aparezcan las personas físicas responsables de los ilícitos, esa es la finalidad de apelar a la sanción de las personas jurídicas. En realidad, no se trata de ir en contra de las corporaciones sino de tenerlas como socias para descubrir a las personas involucradas. Desde esta lógica es que se construye el proyecto".



El tema de las multas fue otro de los ítems con un largo debate de por medio. Si es lícito, o no, que a través de un acuerdo de colaboración las compañías responsables de haber pagado las coimas a funcionarios públicos podrían llegar a no pagar una multa. Por un lado, está la visión que comparte la oposición al proyecto de que se necesitan sanciones mínimas altas para las empresas, aunque colaboren con la Justicia, pero por otro una multa puede no favorecer que la empresa vea como positiva colaborar, incriminarse, participar activamente de una investigación, e ir más allá, por ejemplo denunciar un hecho. Si no tiene ciertas garantías, los expertos no ven posible que una empresa se autoincrimine de motu propio.

La Nación

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