Se realizó una conferencia sobre Responsabilidad Empresaria por Corrupción, que
contó con el apoyo del Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de
San Andrés, el International Development Research center de Canadá y el
Programa de Compliance Corporativo & Enforcement de NYU.
El tema es actual para la Argentina, que en este momento debate en el
Congreso el proyecto de ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas,
presentado en octubre por el Poder Ejecutivo, que ya sufrió varias
modificaciones y no termina de dársele el visto bueno en el recinto.
Según los expertos hay dos visiones al respecto. La primera, que las empresas deben
hacerse cargo de los ilícitos que cometieron a través de duras sanciones,
monetarias, pero que también pueden llegar hasta la imposibilidad de usar la
marca, por ejemplo. La otra visión, a la que adhieren especialistas sobre todo
de los Estados Unidos, de Europa, y también funcionarios locales del poder
judicial, es que el fin de una ley de estas características es que las empresas
quieran cooperar con la Justicia, para de esta manera abrir la puerta a
posibles sanciones a personas físicas responsables de los ilícitos tanto dentro
de la empresa como en las filas de los funcionarios públicos que participaron
del cohecho, es decir de las "coimas" para favorecer a determinada
empresa en desmedro de otra compañía.
En este punto fue especialmente el director
de la Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y
Legislación Penal. "Hay que blanquear la realidad de las cosas", dijo
casi al final de las segunda jornada. "Se necesita un sinceramiento y
pegarle al chancho para que aparezca el dueño" Estamos buscando que la
empresa colabore con el Estado para que aparezcan las personas físicas responsables
de los ilícitos, esa es la finalidad de apelar a la sanción de las personas
jurídicas. En realidad, no se trata de ir en contra de las corporaciones sino
de tenerlas como socias para descubrir a las personas involucradas. Desde esta
lógica es que se construye el proyecto".
El tema de las multas fue otro de los ítems con un largo debate de por
medio. Si es lícito, o no, que a través de un acuerdo de colaboración las
compañías responsables de haber pagado las coimas a funcionarios públicos
podrían llegar a no pagar una multa. Por un lado, está la visión que comparte
la oposición al proyecto de que se necesitan sanciones mínimas altas para las
empresas, aunque colaboren con la Justicia, pero por otro una multa puede no
favorecer que la empresa vea como positiva colaborar, incriminarse, participar
activamente de una investigación, e ir más allá, por ejemplo denunciar un
hecho. Si no tiene ciertas garantías, los expertos no ven posible que una
empresa se autoincrimine de motu propio.
La Nación
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