Nota del Editor
La intensidad en estos
días de las noticias sobre el negociado de la Central Térmica de Rio Turbio
puede ser una muestra de la decisión politica de llevar adelante un juicio que
hasta ahora estaba dormido en la Justicia. Cabría preguntarse entonces ¿los
intereses politicos metieron la cola en las decisiones de la justicia? ¿porqué
se demoró mas de un año y medio en volver a impulsar la causa? Las pruebas
sobre los delitos relacionados con el caso siempre estuvieron disponibles en la
documentación y los expedientes de la burocracia estatal. Este hecho, como
otros que todavía no salen a la luz publica, era conocido por muchos, además de
la justicia. Empresarios, politicos, sindicalistas, funcionarios y la propia
UTN. Esta acción jurídica coincide llamativamente con el actual proceso
eleccionario de legisladores y senadores en el cual se está presentando CFK con
ciertas posibilidades de ganar para ocupar un cargo como senadora nacional por
parte de la Provincia de Buenos Aires. Claro, si esto sucediera CFK tendria
fueros frente a las multiples demandas judiciales que tiene abiertas.
Nota de opinión:
El escándalo de Río
Turbio, por el que el fiscal Carlos Stornelli pidió el desafuero de Julio De
Vido, es una especie de Aleph del kirchnerismo. Allí están, reunidas en una
sola experiencia, todas las desviaciones que ese grupo puso en práctica en su
paso por el poder. El revoleo de US$ 9 millones tras los muros de un convento
es de una espectacularidad que vuelve a José López un predador insuperable. Sin
embargo, el desastre minero es un desaguisado menos novelesco, pero mucho más
completo. Ofrece una metodología de manipulación presupuestaria sorprendente:
Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio (Ycfrt) desviaba recursos hacia la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y ésta a su vez los entregaba a una
fundación, para tercerizarlos una vez más en varias empresas privadas. Una
cadena de peajes que no resistiría la más elemental auditoría por la ausencia
de documentación.
Hasta aquí, sólo habría
una rudimentaria apropiación de fondos públicos. Pero aparece una deformación
más llamativa: la irracionalidad del proyecto sobre el que se ejecutan los
saqueos. Como la mina fue quedando inactiva, se le anexó una central eléctrica
para ver si, con un cliente cautivo, aparecía el carbón. El milagro no se
produjo, de modo que el Ministerio de Planificación (sic) pensó en importar esa
materia prima. Hizo falta, entonces, tender un tren a Río Gallegos, para
transportar la carga. Lograda esa hazaña, se descubrió que la usina no
funcionaba con carbón. Habría que reconvertirla a gas. Por eso tuvieron que
construir un gasoducto y una planta que regule la presión.
Hace 48 horas, la
peripecia sumó otra desventura: la empresa encargada de hacer la usina, Isolux
Corsan, se presentó en convocatoria de acreedores en España. El cuadro ya
tendría todas las pinceladas de un capolavorobolivariano. Pero,
para definirse, le falta una nota esencial al kirchnerismo: la degradación de
los valores. Para estas fechorías se utilizaron instituciones educativas, siguiendo
un modelo que utiliza las universidades para eludir licitaciones. Además, no se
eligió un lugar neutral. Fue en Río Turbio, el poblado de la entrañable Santa
Cruz, donde, en 2004, fallecieron 14 trabajadores en un derrumbe. Las obras que
investiga la Justicia iban reparar esa tragedia. Serían, si se quiere, un
homenaje. Al cabo de 11 años, no hubo tiempo. Apenas alcanzó para un negocio.
Las transacciones entre
Yacimientos Carboniferos de Rio Turbio (Ycfrt) y la Universidad Tecnologica
Nacional (UTN) Santa Cruz han desatado una tormenta. En plena campaña
electoral, obligan al kirchnerismo a defender más mamarrachos económicos. A la
máscara de Unidad Ciudadana se le soltó un piolín. El bochorno promete
agravarse. La convocatoria de Isolux Corsán, en Madrid, ilumina otro pliegue
del emprendimiento. La central que iba a darle sentido a la mina está
inconclusa y fue materia de otra denuncia de Omar Zeidán, el actual interventor
en el yacimiento. El año pasado la Sigen elaboró un informe según el cual "se
pagaron anticipos financieros sin ejecución de obra certificada" y con una
"débil o inexistente exigencia de cumplimiento de las obligaciones del
contrato", que fue ampliado once veces. El documento consigna que el valor
original de la obra fue incrementado en 90,28 por ciento. A mediados del año
pasado era de 1.726.251.980 dólares.
De Vido, como Jorge Rafael
Videla, nunca firmó nada. Aunque debe estar al tanto de esta saga. Isolux
estuvo siempre entre sus preferidas. Luis Delso, su dueño antes de que se la
quedaran los acreedores, lo sedujo desde que se conocieron. Delso ha sido un
experto en relacionarse con políticos. Creció como funcionario socialista en la
naviera Transmarítima. Después compró Isolux, al borde de la quiebra, y le
anexó la inmobiliaria Corsan. Ligado a Felipe González, su gloria llegó, sin
embargo, con los conservadores del PP: "Cuerpo a tierra que vienen los
amigos", solía bromear, aludiendo a que los buenos negocios se hacen
cuando gobierna el adversario.
Delso y De Vido iniciaron
su relación hablando del "tren bala", otro disparate del ministro
ágrafo. Isolux debía entenderse con la francesa Alstom: había que compensar al
gobierno de Jacques Chirac por la expropiación de Aguas Argentinas. Pero Néstor
Kirchner, un líder estilo Moe, que se fascinaba haciendo pelear a sus
subordinados, quitó el expediente a De Vido y se lo entregó a Ricardo Jaime.
Delso ignoraba quién era Jaime. Aunque un domingo por la mañana alguien tocó el
timbre de su casa, en Madrid, reclamándole un millón de euros para el martes.
Habría sido Manuel Vázquez, el asesor del secretario de Transporte.
Habladurías. Lo concreto: ahora había que compensar a Delso. Así Isolux ganó la
central de Río Turbio.
Delso se enamoró de la
Argentina. Leyó a Borges y se volvió, como buen hijo de un suboficial
peninsular, en un experto en la Guerra de las Malvinas. Pero con De Vido
hablaba de otros temas. El ministro disfrutó del empresario como anfitrión, en
especial después de aquella navegación por el Mediterráneo en el Azul Cortés,
la espléndida goleta turca que Delso, en la caída, malvendió. Los ejecutivos
locales de Isolux solían jugar al fútbol con la mano derecha de De Vido,
Roberto Baratta, para quien Stornelli también pidió la detención. Baratta no
goza de la coraza de los fueros. Es un malquerido. Como Boudou, como Jaime.
Además del poder, el kirchnerismo concentró la impunidad.
La caída de Isolux es un problema para Macri. La empresa estuvo a
cargo de las centrales termoeléctricas Ensenada Barragán y General López.
Costaron más de US$ 2000 millones, entre un 50% o 70% más que el valor de
centrales similares. Es la valuación de "El estado del Estado", el
balance de la herencia recibida que publicó el gobierno actual. Fue una señal
de independencia, porque en Barragán y López, además de Isolux, participó
Iecsa, la empresa de Ángelo Calcaterra, que según Cristina Kirchner siempre fue
de Franco Macri. Ahora es de Marcelo Mindlin.
Otra curiosidad; la misma
administración que formula esos reproches adjudicó a Isolux, asociada a Field
Fare, la generación de 100 megavatios de energía fotovoltaica en el proyecto
jujeño de la Puna. Field Fare es liderada por el español Vicente López-Ibor,
que tuvo un trato preferencial durante el viaje del Presidente a Madrid.
Además de intervenir en
obras de energía nuclear, Isolux es una de las encargadas de construir el Paseo
del Bajo, en la ciudad. Otro tramo se lo adjudicó Iecsa, cuando todavía era de
Calcaterra. Isolux puede convertirse en una mini-Odebrecht. Una vez que los
bancos se hicieron cargo de la empresa, removieron a la cúpula local e
iniciaron una investigación por presunta corrupción. El CEO de Delso, Juan
Carlos de Goycoechea, reaccionó con una querella penal, alegando que se le
falsificó la firma. Además, está en tela de juicio la continuidad de los
trabajos. ¿Habrá, como en el soterramiento del Sarmiento, quien compre los
contratos de Isolux? ¿O alguien adquirirá la propia empresa? En el mercado se
menciona Socma, la empresa de los Macri. Pero allí dicen que no les interesan
ni Isolux ni sus contratos, sobre todo por temor al conflicto de intereses.
La imputación de
Stornelli, y su pedido de desafuero para que el juez Luis Rodríguez detenga a
De Vido, conmueve la campaña electoral. Sergio Massa estaría por presentar un
proyecto para dejar a De Vido a la intemperie. Kirchner fue un visionario:
obligó a Massa a debutar como jefe de Gabinete sacándose una foto con Jaime y
con De Vido. No alcanzó. De todos modos, ¿de qué sirve el desafuero si
Rodríguez, que estuvo años subordinado al kirchnerismo, no resuelve capturarlo?
En la Casa Rosada, donde a Massa se lo detesta más que a la señora de Kirchner,
alegan que su iniciativa sería una sobreactuación para disimular las
reticencias a aprobar el artículo 37 de la ley que penaliza a las personas
jurídicas. Es la cláusula que permitiría al Poder Ejecutivo, los fiscales y la
Auditoría General revisar los contratos contaminados por la corrupción. En el
bloque de Massa alegan que es inconstitucional. En el de Cambiemos, insidiosos,
sostienen que Massa teme algún rasguño por el contrato Paraná de las Palmas,
entre Odebrecht y AySA. A falta de una justicia creíble, el Lava Jatoen
la Argentina es sustituido por la mancha venenosa.
Mientras tanto, De Vido se
suma a los kirchneristas que cambian de aspecto. Como Aníbal Fernández, Boudou
o Kunkel, se dejó la barba. No están por subir a Sierra Maestra. Tampoco huyen
de la policía, como en los tiempos de la clandestinidad. Sus barbas son un
fuero defectuoso. Temen ser reconocidos. Huyen de la gente.
La Nación
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