Nota del Editor:
Un grupo de personas interesadas en indagar sobre el delito de corrupción en la Argentina tuvimos hace unos días una reunión con el Fiscal Federico Delgado para conocer su punto de vista sobre el tema. F. Delgado es titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia y ha actuado y actúa en procesos en los cuales están implicados personas del poder.
Un grupo de personas interesadas en indagar sobre el delito de corrupción en la Argentina tuvimos hace unos días una reunión con el Fiscal Federico Delgado para conocer su punto de vista sobre el tema. F. Delgado es titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia y ha actuado y actúa en procesos en los cuales están implicados personas del poder.
Un Fiscal es un funcionario de la Justicia que
defiende los intereses difusos de la sociedad. Actúa a la par de un Juez,
llevando a cabo la investigación del caso y le solicita medidas según sus
comprobaciones.
El fiscal de F. Delgado es abogado, licenciado
en Ciencia Política y profesor universitario. Ha escrito un libro, entre otros,
“La cara injusta de la justicia. Porque
la justicia argentina es su propia enemiga”, junto con Alejandra de Elía. Una
evaluación dolorosa del funcionamiento de la justicia en nuestro país.
El valor de la presentación del fiscal Delgado (considerado
un outsider del sistema) es que es un actor que
trabaja en el interior de la justicia.
Un resumen de los puntos más sobresalientes de su exposición:
- Para el común de la gente
el resultado del sistema judicial está
asociado con la impunidad.
- Nuestro sistema jurídico
es una combinación del sistema fránces (códigos, positivismo) y el de E.U.
(jurisprudencia, interpretación de la ley). Hay incompatibildades entre ambos
enfoques de la ley. Tal inconsistencia permite que los jueces pueden emitir sentencias según convenga.
- De qué lado están los
jueces, de la ley o de los intereses individuales o grupales? Falta de lealtad
a la ley.
- En la carrera judicial no
hay obligación de capacitarse. Se desconocen instituciones actuales como el
fideicomiso. Se sigue con los conocimientos y la mentalidad de los años 50/60
- La prisión preventiva casi
no existe.
- Los trámites se manejan
con papel, expedientes y fax. No se incorpora nueva tecnología de comunicación
y de tramitación.
- El lenguaje jurídico es rebuscado
y hermético. Solo comprensible por abogados. No por el hombre común.
- En Comodoro Py a partir de
las 10 horas no hay internet por saturación en el tráfico de información.
Vuelve a las 14 horas. Ello impide emplear herramientas como Skype.
- No hay reglas de trabajo. No
ha control de horarios. Algunos empleados trabajan 8 horas otros 1 hora. A discreción
según cada caso.
- Jueces y fiscales normalmente
no están trabajando en sus despachos. Delegan tareas en sus subordinados, que
muchas veces redactan las sentencias y el juez firma sin leer.
- No hay rendición de cuentas
a la sociedad de los actos de justicia.
- Las designaciones de
funcionarios privilegia las relaciones personales y el amiguismo.
- A pesar de las
disposiciones legales, los jueces manejan a su voluntad los tiempos procesales
con argucias burocráticas. Por una lado están los códigos y por otro la lenta
realidad.
- Para juzgar los hechos normalmente
se sacan de contexto: es legal vs es justo. Según convenga.
- Los jueces se han
convertido en actores políticos. No son custodios de la ley. Usan la detención
y el movimiento de las causas con fines políticos y para propio interés.
- El Consejo de la Magistratura
interviene en los actos jurídicos al principio y al final de los procesos. En el
medio de las actuaciones no controla.
- El desarrollo de las causas
duran largos años. Entre 14 y 18 años.
- El golpe militar del año
1930. La Corte Suprema de ese momento legalizó la ilegalidad.
- Los gobiernos en general quieren
tener la Corte Suprema propia
- En el caso de Carlos Menem
amplió la Corte para legalizar las privatizaciones. En ese tiempo la SIDE
pagaba sobresueldos con fondos reservados a jueces y funcionarios. Caso
Granillo Ocampo. La llamada “Cadena de la Felicidad”.
- La figura del “operador”
político. Una singularidad de nuestras instituciones que media entre la
política y la justicia. A través de este actor político se dirimen conflictos
entre facciones partidarias. Se mueven jueces. Se adelantan
y atrasan expedientes. Se judicializa la política. Se politiza la justicia.
Finalmente y quizás lo más crítico, es que el cambio para mejorar las cosas no provendrá de la propia Justicia (no tiene incentivos particulares para hacerlo). Ni de los gobiernos que la usan para defender sus propios intereses. Los recursos que quedan es la presión del periodismo y de la propia sociedad reclamando activamente la reforma de la institución.
Finalmente y quizás lo más crítico, es que el cambio para mejorar las cosas no provendrá de la propia Justicia (no tiene incentivos particulares para hacerlo). Ni de los gobiernos que la usan para defender sus propios intereses. Los recursos que quedan es la presión del periodismo y de la propia sociedad reclamando activamente la reforma de la institución.
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