Angelo Calcaterra
“El fiscal federal Franco Picardi pidió trabar un embargo por más
de 54 millones de pesos a Ángelo Calcaterra, primo del
presidente Mauricio Macri y ex titular de la constructora IECSA, en
la causa en la que se investigan irregularidades en la asignación de la
obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
El fiscal también pidió embargar por 4 millones
de pesos al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime , al ex
secretario de Obras Públicas José López y a directivos de otras
empresas que accedieron a la obra.
Picardi fue funcionario del kirchnerismo hasta
2015, cuando Cristina Kirchner firmó su designación como fiscal
federal. Trabajó en el juzgado federal de Julián Ercolini y también en la
fiscalía federal de Eduardo Taiano, ambas en Comodoro Py. También fue subsecretario
de Relaciones con el Poder Judicial en el Ministerio de Justicia, una especie
de número tres en el organigrama, por debajo del ministro Julio Alak y del
secretario Julián Álvarez. Algunos lo vinculan a Justicia Legítima.
El representante del Ministerio Público elevó el pedido al juez
federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene la causa en la que se investiga
el supuesto pago de sobornos de empresarios a ex funcionarios públicos para
acceder a la realización de la obra de soterramiento del tren que conecta la
Ciudad de Buenos Aires con la zona oeste del conurbano bonaerense.
Las medidas sugeridas por el fiscal apuntan a las personas
"físicas y jurídicas" que conforman la Unión Transitoria de Empresas
(UTE) "Consorcio Nuevo Sarmiento", integrado por las firmas
Iecsa,Odebrecht , Ghella y Comsa S.A.
El pedido de embargo más grande en relación a una persona física
recayó sobre Calcaterra porque fue el único empresario que se alejó de una de
las firmas que intervino en el consorcio que participó de la obra. IECSA
fue adquirida tras su salida por el empresario Marcelo Mindlin, entre otros.
El fiscal pidió embargar a Calcaterra por 54,3 millones de pesos y
a Lorenzo Ghella, Mauricio Couri Ribeiro, de la constructora brasileña
Odebrecht, y Jorge "Corcho" Rodríguez, entre otras 19 personas, por
4,35 millones de pesos a cada uno. El fiscal reclamó, además, que la obra de
soterramiento no se detenga, por lo que pidió designar a un veedor para
controlar su desarrollo.
El fiscal sugirió los embargos luego de que, a inicios de mes, la
Cámara Federal porteña le ordenara al juez Martínez de Giorgi que disponga
"medidas rápidas y eficaces" sobre el patrimonio de las empresas
investigadas por el pago de sobornos.
En el marco del expediente se investiga una obra pública de 3.000
millones de dólares por la cual el juez ya allanó oficinas de Odebrecht, Iecsa
y Ghella, entre otras.
En un dictamen de junio, Picardi advirtió que,
entre 2005 y 2014, hubo un "habitual, complejo e ilícito modus operandi de
empresas de origen extranjero y socios locales" para el pago y cobro de
sobornos con la obra pública.
En esa oportunidad pidió al magistrado que ordene
entrecruzamientos de llamados entre el detenido ex secretario de Transporte
Ricardo Jaime, su ex asesor Manuel Vázquez, y autoridades y directivos de
"Constructora Norberto Odebrecht SA, incluido Fernando Migliaccio Da
Silva, Ghella Societa Per Azioni, Iecsa SA y Comsa SA, con sede o filial en el
país".
El ejecutivo de Odebrecht Da Silva intercambió correos
electrónicos con un directivo de la empresa en Argentina, Couri Ribeiro,
alusivos a una transferencia millonaria vinculada a la Argentina de la que
también se escribía con Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime y actualmente bajo
arresto domiciliario en otra causa por corrupción.
También, se incluyó en la investigación Jorge "Corcho"
Rodriguez y requirió que se establezca si hubo visitas del lobbista al
Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido en el período
investigado.
La Nación - Telam
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