Nota de investigación: "Lava Jato en la Argentina: las constructoras sospechadas ganaron contratos con sobreprecios de US$ 300 millones" por Federico Poore y Matías Di Santi
Nota del Editor
En base a un trabajo de investigación estos dos periodistas hacen
un análisis pormenorizado de las obras adjudicadas a las empresas brasileras Andrade
Gutierrez SA, Camargo Correa SA, Norberto Odebrecht SA, OAS Limitada y Queiroz
Galvao SA. Estas empresas solas o consorciadas con grandes empresas argentinas
como Cartellone, Esuco, Supercemento, Benito Roggio y IECSA, resultaron
adjudicatarias de grandes obras: Ampliación de Gasoductos, Plantas
Potabilizadoras, Soterramiento del Sarmiento, Centrales Hidroeléctricas,
Acueductos, entre otras. Algunos de estos contratos están siendo investigados
en tribunales argentinos (Ampliación de Gasoductos). Una de las conclusiones de
la investigación es que en la mayoría de los contratos los precios pagados
fueron superiores a los pactados originalmente.
La noticia
"Llegaron, prometieron, ganaron. Casi siempre cobraron. No siempre
cumplieron. Durante los últimos 12 años, las
empresas brasileras involucradas en la Operación Lava
Jato -la enorme investigación de corrupción que se
lleva adelante en Brasil y que persigue el pago de coimas y sobornos para ganar
licitaciones en obra pública en distintos países del mundo, incluyendo la
Argentina-, obtuvieron obras en el país por
al menos US$ 9.600 millones, el equivalente a
más de 17 mil kilómetros de ruta repavimentados, es
decir, el 43% de la red
vial total de
la Argentina.
Impulsadas en muchos casos por el financiamiento del Banco
Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), las constructoras de origen brasilero se alzaron con algunos de
los contratos locales de obra pública más importantes de los últimos tiempos en
medio de sospechas de cartelización, sobreprecios y coimas.
Entre 2005 y 2017, estas empresas ganaron 11 obras en la
Argentina, siete de las cuales ofrecieron financiamiento del BNDES. En ellas hubo un sobreprecio promedio de US$
322 millones, de acuerdo con el relevamiento y el cálculo realizado por Chequeado para esta
investigación. Además, varias de ellas (cinco)
no han sido terminadas.
“Esto es algo que atraviesa a toda la última
década de la política argentina: una gran obra pública, por un gran monto, con
un gran plazo, que luego de firmarse da inicio a las famosas adendas. Es decir
que lo que valía 10 termina valiendo 30 y la foto final nunca es la del
inicio”, dimensionó ante este medio el fiscal federal Federico Delgado.
“Lo que se observa, por
ejemplo, en las obras de Odebrecht es un sistema para conseguir contratos”
utilizando al BNDES como financista, explicó
Delgado, y agregó: “El soterramiento del Sarmiento es el caso paradigmático:
que voy, que vengo, y al final la obra la termina financiando el gobierno
nacional”.
Resulta difícil combatir estas
prácticas con la legislación vigente. Natalia
Volosin, abogada especializada en temas de corrupción y máster en Derecho de la
Universidad de Yale, de los Estados Unidos, recordó que la Argentina tiene uno
de los regímenes de compras y contrataciones “más antiguos de América Latina y
el Caribe”. La Ley de Obra Pública, por ejemplo, data del año 1947.
“Las
posibilidades que da el régimen de compras para inflar los costos son enormes.
Así, una empresa que en un momento apareció como la mejor oferente puede dejar
de serlo sin que reciba sanción alguna”, destacó la especialista en corrupción,
quien agregó que tampoco existen consecuencias claras para aquellas empresas
que se demoran o no cumplen con los trabajos.
Para esta investigación, Chequeado analizó
las obras a cargo de las constructoras Andrade Gutierrez SA, Camargo
Correa SA, Norberto Odebrecht SA, OAS Limitada y Queiroz Galvao SA,
incluyendo las firmas subsidiarias y las uniones transitorias de empresas (UTE)
que conformaron junto con otras compañías. Todas estas empresas brasileras poseen directivos involucrados en la Operación Lava Jato.
Si bien no todas estas obras están sospechadas por jueces y
fiscales, varias comparten un patrón común. Primero, una constructora brasilera se asocia con una o más
empresas argentinas y se presenta a la licitación ofreciendo el precio más bajo
y financiamiento del BNDES. Luego, la obra sufre “redeterminaciones de precios”
y se firman adendas que van aumentando su valor. En algunos casos, mientras los
trabajos se demoran, el banco brasilero se retira y el Estado argentino se ve
obligado a buscar fuentes alternativas de financiación. Sea como fuere, la obra
casi nunca se termina en tiempo y forma y sale más caro de lo previsto
inicialmente.
“Lo que se ve es un modus
operandi, que no es propio únicamente de las obras de Brasil sino
el modo en el que funcionan las contrataciones de obra pública en la
Argentina”, explicó Volosin. Y agregó: “El sistema no está pensado para la
eficiencia ni para la transparencia de los procesos. Lo que hacen los funcionarios generalmente es
aprovechar los agujeros en cada una de las etapas, desde la
determinación de la necesidad de la obra hasta la ejecución de los trabajos”.
Odebrecht fue la gran beneficiaria entre las empresas brasileras: obtuvo contratos que le proporcionaron al menos US$ 7.075 mil
millones, un 74% del total. Le siguieron la constructora OAS Limitada, con más
de US$ 1.806 millones. Detrás quedan Queiroz Galvao SA (US$ 557 millones) y
Camargo Correa SA (US$ 167 millones). En total, estas empresas ganaron 11 obras. El sobreprecio promedio de las obras
analizadas fue de US$ 322 millones.”
Chequedado
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