Nota de investigación: "Lava Jato en la Argentina: las constructoras sospechadas ganaron contratos con sobreprecios de US$ 300 millones" por Federico Poore y Matías Di Santi

Nota del Editor

En base a un trabajo de investigación estos dos periodistas hacen un análisis pormenorizado de las obras adjudicadas a las empresas brasileras Andrade Gutierrez SA, Camargo Correa SA, Norberto Odebrecht SA, OAS Limitada y Queiroz Galvao SA. Estas empresas solas o consorciadas con grandes empresas argentinas como Cartellone, Esuco, Supercemento, Benito Roggio y IECSA, resultaron adjudicatarias de grandes obras: Ampliación de Gasoductos, Plantas Potabilizadoras, Soterramiento del Sarmiento, Centrales Hidroeléctricas, Acueductos, entre otras. Algunos de estos contratos están siendo investigados en tribunales argentinos (Ampliación de Gasoductos). Una de las conclusiones de la investigación es que en la mayoría de los contratos los precios pagados fueron superiores a los pactados originalmente.

La noticia

"Llegaron, prometieron, ganaron. Casi siempre cobraron. No siempre cumplieron. Durante los últimos 12 años, las empresas brasileras involucradas en la Operación Lava Jato -la enorme investigación de corrupción que se lleva adelante en Brasil y que persigue el pago de coimas y sobornos para ganar licitaciones en obra pública en distintos países del mundo, incluyendo la Argentina-, obtuvieron obras en el país por al menos US$ 9.600 millones, el equivalente a más de 17 mil kilómetros de ruta repavimentados, es decir, el 43% de la red vial total de la Argentina.

Impulsadas en muchos casos por el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), las constructoras de origen brasilero se alzaron con algunos de los contratos locales de obra pública más importantes de los últimos tiempos en medio de sospechas de cartelización, sobreprecios y coimas.

Entre 2005 y 2017, estas empresas ganaron 11 obras en la Argentina, siete de las cuales ofrecieron financiamiento del BNDES. En ellas hubo un sobreprecio promedio de US$ 322 millones, de acuerdo con el relevamiento y el cálculo realizado por Chequeado para esta investigación. Además, varias de ellas (cinco) no han sido terminadas.

“Esto es algo que atraviesa a toda la última década de la política argentina: una gran obra pública, por un gran monto, con un gran plazo, que luego de firmarse da inicio a las famosas adendas. Es decir que lo que valía 10 termina valiendo 30 y la foto final nunca es la del inicio”, dimensionó ante este medio el fiscal federal Federico Delgado.

“Lo que se observa, por ejemplo, en las obras de Odebrecht es un sistema para conseguir contratos” utilizando al BNDES como financista, explicó Delgado, y agregó: “El soterramiento del Sarmiento es el caso paradigmático: que voy, que vengo, y al final la obra la termina financiando el gobierno nacional”.

Resulta difícil combatir estas prácticas con la legislación vigente. Natalia Volosin, abogada especializada en temas de corrupción y máster en Derecho de la Universidad de Yale, de los Estados Unidos, recordó que la Argentina tiene uno de los regímenes de compras y contrataciones “más antiguos de América Latina y el Caribe”. La Ley de Obra Pública, por ejemplo, data del año 1947.

“Las posibilidades que da el régimen de compras para inflar los costos son enormes. Así, una empresa que en un momento apareció como la mejor oferente puede dejar de serlo sin que reciba sanción alguna”, destacó la especialista en corrupción, quien agregó que tampoco existen consecuencias claras para aquellas empresas que se demoran o no cumplen con los trabajos.

Para esta investigación, Chequeado analizó las obras a cargo de las constructoras Andrade Gutierrez SA, Camargo Correa SA, Norberto Odebrecht SA, OAS Limitada y Queiroz Galvao SA, incluyendo las firmas subsidiarias y las uniones transitorias de empresas (UTE) que conformaron junto con otras compañías. Todas estas empresas brasileras poseen directivos involucrados en la Operación Lava Jato.

Si bien no todas estas obras están sospechadas por jueces y fiscales, varias comparten un patrón común. Primero, una constructora brasilera se asocia con una o más empresas argentinas y se presenta a la licitación ofreciendo el precio más bajo y financiamiento del BNDES. Luego, la obra sufre “redeterminaciones de precios” y se firman adendas que van aumentando su valor. En algunos casos, mientras los trabajos se demoran, el banco brasilero se retira y el Estado argentino se ve obligado a buscar fuentes alternativas de financiación. Sea como fuere, la obra casi nunca se termina en tiempo y forma y sale más caro de lo previsto inicialmente.

“Lo que se ve es un modus operandi, que no es propio únicamente de las obras de Brasil sino el modo en el que funcionan las contrataciones de obra pública en la Argentina”, explicó Volosin. Y agregó: “El sistema no está pensado para la eficiencia ni para la transparencia de los procesos. Lo que hacen los funcionarios generalmente es aprovechar los agujeros en cada una de las etapas, desde la determinación de la necesidad de la obra hasta la ejecución de los trabajos”.

Odebrecht fue la gran beneficiaria entre las empresas brasileras: obtuvo contratos que le proporcionaron al menos US$ 7.075 mil millones, un 74% del total. Le siguieron la constructora OAS Limitada, con más de US$ 1.806 millones. Detrás quedan Queiroz Galvao SA (US$ 557 millones) y Camargo Correa SA (US$ 167 millones). En total, estas empresas ganaron 11 obras. El sobreprecio promedio de las obras analizadas fue de US$ 322 millones.”

La investigación completa (ver)

Chequedado