Brito es el titular del segundo banco del país,
su fortuna supera los 1.000 millones de dólares y ha sido en los últimos 20
años uno de los hombres de negocios más influyentes, padrino de clubes de
fútbol, de candidatos a presidentes, anfitrión de veladas fastuosas con todo el
jet set argentino, casi todo el mundo le debe algún favor. La mera posibilidad
de que vaya preso (por la causa Ciccone que involucra a Amado Boudou) refleja un fenómeno novedoso para la Argentina: algunos de
sus grandes empresarios y ejecutivos empiezan a figurar en las noticias por sus
problemas judiciales.
Brito está vinculado a una de las explosivas pesquisas, por la
cual ya está detenido Amado Boudou, el ex vicepresidente de Cristina Fernández
de Kirchner. Boudou está acusado de haber armado desde el poder político una
operación para quedarse con la empresa que fabrica los billetes. En el contexto
de esta investigación, un íntimo amigo suyo, llamado Alejandro Van Der Broele,
se presentó como arrepentido. Entre las personas a las que acusó figura,
justamente, el banquero. Cuando se conoció la acusación, Brito pidió licencia
en la conducción de su banco. Unos días después, el juez decidió convocarlo
como sospechoso.
El problema para Brito es que, desde hace unas
semanas, los jueces federales de la Argentina han adoptado una doctrina que les
habilita para detener gente por la mera sospecha de que puedan interferir en
las causas que los involucran. Así las cosas, el exvicepresidente pasa sus días
tras las rejas porque el juez que lo investiga consideró que aún tiene poder y
relaciones para trabar la investigación, aunque no haya probado ninguna
maniobra directa de su parte en este sentido. Si eso ocurre con un político
caído en desgracia, mucho más se aplica al segundo banquero del país, cuyo
poder es casi comparable al de un presidente. Para colmo, desde el juzgado
difunden la supuesta evidencia de que, a diferencia de Boudou, a Brito se le
habrían detectado maniobras para modificar pruebas.
Brito creció mucho cuando los presidentes eran Carlos Menem y
Néstor Kirchner. Luego, Cristina Fernández lo acusó de conspirar en su contra.
La relación entre Brito y el presidente Mauricio Macri es francamente mala.
Toda Latinoamérica ha sido conmovida en los últimos años por las
derivaciones de la investigación conocida como Lava Jato, que en Brasil
derrumbó un Gobierno y que transformó a la empresa más poderosa de la región,
Odebrecht, en un símbolo mundial de la corrupción empresarial. Odebrecht es un
fantasma para todos los empresarios del continente: si les sucedió a ellos,
cualquiera puede caer. Por eso, estos movimientos alrededor de Brito producen
sudor en varias espaldas. ¿Y si Brito cae? ¿Y si para obtener mejores
condiciones se transforma él mismo en un arrepentido? Por ahora, parece un
escenario lejano: ¿lo será?
Brito no es el único caso de un empresario argentino en problemas.
Los hermanos Cirigliano,
poderosísimos capos del transporte público en la Argentina, están condenados
por una tragedia que causó 52 muertes. Aldo
Roggio y Carlos Wagner, dos de los grandes ganadores de la obra pública,
deberán declarar a principios de diciembre. La causa internacional conocida
como FIFA Gate ha reabierto investigaciones sobre los dueños de las
transmisiones deportivas del fútbol argentino. Son todos intocables, gente que
nunca creyó que recibiría una citación desde los tribunales.
El ex vicepresidente Boudou era un hombre que combinaba una buena
formación económica con un vínculo asiduo con la vida nocturna y con algunas
figuras del rock. Esa combinación de condiciones le permitió escalar
rápidamente en el poder kirchnerista. Cuando, en 2011, Cristina lo designó como
su vicepresidente, todo hacía pensar que sería su sucesor en la Casa Rosada.
Boudou paseaba cantando con bandas de rock por todo el país. Se desplazaba en
motos carísimas, vestía campera de cuero. Las jóvenes militantes suspiraban por
él. Si hay algo de cierto con la suerte es que cambia. Boudou ya lo sabe. Brito
intentará que con él, al menos, la suerte no sea tan cruel.
El Pais
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