Nota de opinión: El silenciamiento de la información pública. ¿ Un nuevo tipo de capitalismo de amigos?

Nota del Editor

En un contexto en el que los medios de comunicación con influencia predominante en la opinión pública guardan silencio sobre acciones y decisiones gubernamentales sospechadas de favorecer a sectores y personas ligadas con el poder, un grupo amplio de periodistas publicó una solicitada advirtiendo sobre el silenciamiento de la información, en los siguientes términos:

“En las últimas semanas, diversos medios de comunicación han dado cuenta de la decisión del gobierno nacional de llevar a cabo acciones de represalia por la información publicada por el periodista Horacio Verbitsky en Página 12 referida al blanqueo de capitales efectuado por allegados y familiares del presidente Mauricio Macri. Dichas informaciones, que citan fuentes oficiales, no fueron desmentidas. 

Como periodistas, advertimos nuestra profunda preocupación ante el ataque a la libertad de expresión que implicaría una decisión de este tipo. Creemos que no deben existir represalias por difundir información y que todo sistema democrático debe garantizar la pluralidad. 

Estamos convencidos de que las presiones para silenciar voces producen un daño irreparable para nuestra vida democrática.

El mismo día, el periodista Horacio Verbitsky publicó un artículo en el cual, entre otras cosas, reseña el estado de diversos casos que comprometen a funcionarios del gobierno.

A continuación un fragmento de dicho artículo:

“Familia, amigos y socios

Si el apotegma peronista pretende que primero está la Patria, después el movimiento y por último los hombres, para la nueva derecha en el gobierno la prelación comienza con la familia, sigue con los amigos y termina con los socios, que en muchos casos se solapan. Lo que sigue es una apretada síntesis de unos pocos casos:

Odebrecht y Macrì. El primer viaje de Macrì fuera del país al asumir fue a Brasil, donde gestionó un crédito del BNDS para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, a cargo de la empresa familiar de los Macrì, IECSA, la italiana Ghella (en la que Franco Macrì sostiene que también hay participación de sus hijos Maurizio y Gianfranco) y Odebrecht. La primera visita internacional que recibió fue la del primer ministro italiano, a quien llevó a ver esa obra. Como los brasileños no concedieron lo solicitado, Macrì otorgó por decreto 45.000 millones de pesos al consorcio, cuando la concesión original decía que el contratista debía aportar el financiamiento. Durante las investigaciones del Lava Jato en Brasil, Odebrecht admitió haber pagado sobornos por esa obra. El 6 de agosto, en la columna “Emerge el iceberg”, se reveló aquí que el Grupo Macri es socio de Odebrecht en el fondo de inversión Blackwood Group, creado en 1998, cuando el actual jefe de Estado era vicepresidente ejecutivo del holding familiar Sociedades Macri (Socma). Blackwood es un grupo internacional que manejó diversos fondos de inversión y uno especializado en energía y comunicaciones, con inversiones en todo el mundo. Pese a la abundancia y precisión de los datos el gobierno hizo silencio, que ningún otro medio del país perturbó.

Correo Argentino. En 2003, el dirigente radical Gerardo Morales denunció a las empresas del Grupo Macrì por el vaciamiento del Correo Argentino. Según Morales, los Macrì incumplieron el contrato de concesión y el pliego de bases y condiciones, no realizaron las inversiones comprometidas y causaron daño patrimonial al Estado al no pagar el canon. Sumando todos los rubros determinaron una deuda de 610 millones de pesos/dólares y solicitaron que esos montos se reintegraran al Estado y se revocara la concesión. Pero cuando Morales llegó a la gobernación de Jujuy, pagó con su silencio la pasividad del gobierno nacional ante la persecución a Milagro Sala. La fiscal general Gabriela Boquín denunció la condonación de esa deuda. El 26 de junio de 2016, el Correo Argentino ofreció pagarla con una quita del 99,1%, que el Estado rechazó. Luego de un cuarto intermedio el Correo propuso una quita del 98,8 por ciento y el gobierno la aceptó. Se entiende mejor así porqué un banco caribeño de Odebrecht ayudó a los Macrì a manipular las mayorías en perjuicio de los acreedores en el concurso del Correo Argentino, soportando para ello fuertes pérdidas. Según el dictamen de la fiscal general Gabriela Boquín el Meinl Bank (filial de un banco austriaco en la guarida fiscal de Antigua y Barbuda) compró créditos del BID y del Banco Mundial contra el Correo Argentino por 400 millones de dólares, con la expectativa de recuperar sólo 8 millones. Según Boquín, el banco de Odebrecht “ha votado en forma contraria a su interés, por lo que su decisión equivale a la renuncia al cobro de su crédito”. El Meinl Bank también otorgó créditos a los principales accionistas del Correo, Socma, Sideco e Inversid, todas del Grupo Macrì, con garantía de acciones.

Blanqueo de capitales. La ley de blanqueo de capitales permitió una participación restringida a familiares de funcionarios. Macrì la amplió por decreto, contradiciendo su texto. Entre los principales beneficiarios están el hermano presidencial, Gianfranco Macrì; la suegra y dos cuñadas del presidente; el primo segundo del jefe de gabinete de ministros, Alejandro Jaime Braun Peña; el socio y amigo de Macrì, Nicolás Caputo; el emprendedor Marcelo Mindlin, íntimo amigo de Gianfranco, con una suma homóloga a la que trascendió que habría pagado por la constructora de la familia Macrì; Manuel Lucio Torino Ortíz, cuñado del secretario Legal y Técnico de la presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín, entre otros. 

Los hermanos sean unidos. Una investigación del interesante blog “Nuestras Voces”, que dirige la periodista y dirigente política kirchnerista Gabriela Cerruti, reveló que Norberto Eladio Quintana, del estudio de abogados de Nueva York Holland & Knight, cobró las comisiones por los bonos de Buenos Aires, Salta, Mendoza y Chubut provinciales por más de 2200 millones de dólares. Su hermano Mario es el vicejefe de gabinete y coordina el endeudamiento de las provincias. 

Aerolíneas low cost. El gobierno autorizó el ingreso al espacio aéreo argentino de compañías de bajo costo, en perjuicio de la línea de bandera, Aerolíneas Argentinas. Una de ellas es la colombiana Avianca, que adquirió la línea aérea de la familia Macrì, MacAir, rebautizada Avian. Pese a la venta, los directivos siguen siendo los mismos. Otra de las líneas autorizadas es Flybondi, entre cuyos accionistas está el vicejefe de gabinete, Mario Quintana.

Gas para Shell. El ministro de Energía, Juan José Araguren firmó un acuerdo de importación de gas desde Chile, provisto por una subdidiaria de Shell, la empresa cuya filial argentina presidió Aranguren hasta junio de 2015 y de la que conservaba acciones. Los precios casi triplican los que se pagaban por la importación desde Bolivia. Aranguren explicó que Bolivia no podía abastecer toda la demanda argentina, pero su ministro de Hidrocarburos replicó que  Aranguren no le pidió incrementar los envíos antes de acudir al gas natural licuado (GNL) chileno.

Los dos lados del mostrador. Por no plegarse a la estrategia del Correo Argentino, el Procurador del Tesoro Carlos Balbín fue despedido y en su lugar el Poder Ejecutivo designó a Bernardo Saravia Frías, quien fue abogado de empresas del Grupo Macrì. Esto pasa por alto las restricciones de la ley de ética pública.

Autopistas del Sol. El holding familiar de los Macrì poseía las Autopistas del Sol. El gobierno autorizó una fuerte suba de los peajes y luego la familia presidencial vendió sus acciones por un precio cuatro veces mayor al que tenían el año anterior. 

La energía de Caputo. Pese a que Macrì dijo que le había pedido que no participara en licitaciones durante su gobierno, Nicolás Caputo ganó la licitación para que la empresa Central Puerto de la que es accionista construya dos centrales de generación eléctrica en Mendoza y Santa Fe. Además posee un cuarto del paquete accionario de la segunda generadora del país, Sociedad Argentina de Energía S.A. (Sadesa). En total genera el 16 por ciento de la energía del país. Sus utilidades se duplicaron en un año.

Sin remedio. El director de PAMI, Carlos Regazzoni, renunció luego de oponerse en vano al aumento de precios de los medicamentos, que impulsó el subjefe de gabinete Mario Quintana, fundador y directivo de la cadena Farmacity, que tiene un juicio multimillonario contra el Estado, en el cual lo representaba el estudio del ahora juez de la Corte Suprema Carlos Fernando Ronsenkrantz. 

Un ajuste productivo. El otro vicejefe de gabinete, Gustavo Lopetegui fue CEO de la línea área LAN, que absorbió buena parte de los vuelos al exterior de Aerolíneas Argentinas, discontinuados por el plan de ajuste que diseñó Lopetegui. Por oponerse debió dejar el cargo la presidente de Aerolíneas, Isela Constantini. 

Gente de Consulta. Tanto Quintana cuanto Lopetegui fueron directivos de la consultora estadounidense McKinsey, que asesora en forma reservada al gobierno en la elaboración de un nuevo marco regulatorio para el desarrollo y la innovación en TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Aunque sus honorarios son de 400 mil dólares por mes más un 18 por ciento de gastos para ejecutar el proyecto, en este caso decidió bajarlos a la mitad para “acompañar al gobierno argentino en este momento de transición histórico”. El gobierno porteño le adjudicó una licitación privada por 14 millones de pesos para “optimizar el mantenimiento de las veredas”. El pliego fue económico (en palabras): sólo decía que “deberá realizar un diagnostico preciso y detallado del estado de las veredas de la ciudad”. Sólo se presentó McKinsey. Macrì celebró con los adjudicatarios en la fiesta privada en el Salón Dorado del Teatro Colón con la que la consultora estadounidense celebró sus 25 años en el país”

Página 12