"El juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral
la causa contra el ex ministro Julio De Vido por la compra de trenes
inservibles a España y Portugal, en la que está preso el ex secretario de
Transporte Ricardo Jaime.
Se trata del segundo juicio que deberá enfrentar De
Vido, ya que desde el próximo 27 de septiembre deberá sentarse en el banquillo
de los acusados por su presunta responsabilidad en la tragedia ferroviaria de
Once, donde murieron 51 personas.
En este caso, De Vido está procesado por
"administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio
de una administración pública".
A diferencia de Jaime, De Vido no está acusado del
delito de cohecho, es decir, de haber cobrado coimas.
A De Vido se lo acusa de haber diseñado entre 2004
y 2012, junto al integrante de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT) Carlos Retuerto Castaño -también enviado a juicio oral- un
"plan de modernización ferroviaria que, mediante la suscripción de una
serie de actos jurídicos, determinó un perjuicio patrimonial a la
administración pública", puntualmente con acuerdos y contratos,
"escudándose en el estado de emergencia que presentaban los servicios de
los ferrocarriles argentinos".
Así, dijo el escrito de Ercolini,
"determinaron la compra por parte del Estado de material ferroviario cuyo
precio y utilidad fueron claramente perjudiciales -y en muchos casos
inservibles- para el patrimonio nacional y para el parque ferroviario",
indicaron fuentes judiciales.
En la operación se le pagaron unos 76 millones de
euros a España y alrededor de 26 millones a Portugal.
A criterio de Ercolini, en el marco del "Plan
Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril
Nacional", se "generaron las condiciones necesarias para la
concreción de la maniobra descripta, favorecida por el relajamiento de los
controles inherentes al titular de la cartera ministerial".
"Ha quedado corroborado frente a las excesivas
sumas de dinero involucradas en las contrataciones antes descriptas, y a la
innecesaria intervención de sociedades intermediarias en las operaciones, que
el consorte de causa Ricardo Jaime, en su calidad de Secretario de Transporte,
recibió una retribución pecuniaria ilegítima, que se vio posibilitada por las
contribuciones efectuadas a la maniobra descripta por cada uno de los
partícipes en la medida de sus responsabilidades", dijo el juez.
En mayo último Ercolini ya había elevado a juicio
un tramo previo de la investigación para que sean juzgados el ex secretario
Jaime, su colaborador Manuel Vázquez, Ricardo Testuri (funcionario de la
Secretaría) e Ignacio Soba Rojo (intermediario en las operaciones), por los
delitos de "administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en
perjuicio de una administración pública y cohecho".
A fines de julio, el fiscal federal Federico
Delgado pidió que De Vido fuera enviado a juicio porque el Estado pagó casi 102
millones de euros por "material ferroviario en malas condiciones".
"Se escogió comprar material usado, con la
idea de que en los talleres de nuestro país se los pusiera en condiciones de
funcionamiento. De ese modo se creaba empleo y se mejoraban los trenes. Pero en
vez de eso, intencionalmente, se compró chatarra en mal estado, se pagó peor y
no se creó empleo. Por lo tanto, se causó un perjuicio a las arcas
públicas", argumentó Delgado.
El fiscal reprodujo un informe de la sección de
Ingeniería de Técnicas Ferroviarias que en 2005 dictaminó que "el estado
de los coches no era bueno, presentaban gran deterioro y faltantes",
"algunas ruedas estaban muy gastadas" y "a los frenos,
convertidores y equipos de aire acondicionado les faltaban de componentes".
También consignó que "algunos coches estaban
muy oxidados y necesitaban la sustitución de grandes paños", "las
ventanas requerirían reparación de abolladuras, golpes y recuperación fuerte de
marcos, cristales y mecanismos" y "las puertas de acceso e intercomunicación
y fuelles requerirían una gran intervención".
LPO
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