Se giraron unos $3 mil millones de la
UTN hacia proveedores de Yacimiento Carboniferos Fiscales de Rio Turbio.
Los funcionarios lo bautizaron “el
tren de la alegría”. Por orden del entonces Ministerio de Planificación, a
cargo de Julio De Vido, el Estado destino $ 400
millones para reconstruir el Tren Turístico del Yacimiento Carbonífero
Río Turbio (YCRT). Dos años después, sólo inauguraron una estación.
Los fondos se desviaron sin licitación ni controles. El tren turístico
es uno de los ejemplos de cómo funcionaba el circuito financiero que
montó el kirchnerismo a través de la empresa estatal YCRT, que administra
la emblemática mina de carbón subterránea. El ex interventor de esa compañía
estatal, Atanasio Pérez Osuma -hoy intendente de Río Turbio- firmaba contratos
con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Santa Cruz para “asistencia técnica” o “capacitación
de personal”. Pero en realidad se usaba a la UTN para pagar a
proveedores de forma directa y bajo la discrecionalidad de De Vido y sus
funcionarios, como Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control
de Gestión. El mecanismo fue denunciado ante la Justicia federal por dos ex
gerentes que trabajaron bajo la administración kirchnerista en el yacimiento.
El fiscal federal Carlos Stornelli debe decidir si inicia la investigación, que
recayó en el juzgado de Luis Rodríguez.
Cada vez que el yacimiento necesitaba comprar insumos, maquinarias, o realizar
obras, el ministerio de De Vido enviaba los fondos y ordenaba a
Yacimientos que pagara las sumas. Se habrían garantizado el desembolso de
al menos $ 3 mil millones mediante contratos directos gracias a que los pagos
se hacían a través de la UTN y su fundación. Este mecanismo, según los
denunciantes, encarecía todos los contratos en un 21 %, que se justificaba como
“gastos administrativos” de la UTN y de su fundación. Por allí, podrían haberse
camuflado sobreprecios y pago de sobornos que ahora deberá investigar la
Justicia.
En la denuncia a la que accedió PERFIL, De Vido, Baratta y
el ex interventor Pérez Osuna son denunciados por los supuestos delitos de
incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación,
defraudación y negociaciones incompatibles. PERFIL accedió a
uno de los contratos con la UTN y su fundación. Es uno de los acuerdos que se
hicieron para la reconstrucción del Tren Turístico. Este caso es un claro ejemplo
de cómo funcionaba la sociedad entre la universidad y los funcionarios.
Primero se hacía un contrato marco para la totalidad del proyecto y luego se
hacían varios contratos específicos entre la UTN y su fundación para
“fraccionar las compras” y evitar la licitación pública en busca del mejor
oferente. Uno de ellos, por ejemplo, fue firmado en marzo de 2014. La Fundación
Regional Santa Cruz recibió casi $ 42 millones para “seleccionar y capacitar al
personal que se desempeña en la nueva planta de generación de 240 MW de
potencia” de YCRT. Con este mecanismo operó la empresa estatal desde 2012,
según los denunciantes. Así pasaron miles de millones de pesos sin control ni
licitación por uno de los fracasos más significativos del último gobierno. La
mina de carbón de Río Turbio sigue paralizada, no se extrae el carbón para la
central termoeléctrica que costó más de $ 2.600 millones y que tampoco
funciona.
Las órdenes del ministerio llegaban a YCRT vía e-mail. En uno de esos
correos electrónicos, los funcionarios de De Vido ordenan coordinar “la
prioridad de las facturas” de los proveedores con el funcionario Jaime Alvarez,
hoy ministro de Alicia Kirchner en la gobernación de Santa Cruz. Entonces,
delegado de De Vido en YCRT.
Desde el ministerio también se ordenaba cuánto desembolsar para cada uno
de los proveedores o gastos. “Hoy giramos fondos, de los cuales hay que aplicar
20 millones para el Tren Turístico”, dice uno de los e-mails. La aventura
ferroviaria costó unos $ 400 millones.
Los denunciantes son los gerentes de la Regional Buenos Aires de YCRT,
Miguel Larregina y Martha Pérez, suspendidos en sus funciones por la
intervención macrista (ver recuadro). Piden que se investigue la
responsabilidad de sus superiores y sostienen que firmaron los cheques por
orden del ministerio y del ex interventor.
También acusan al actual interventor
El actual interventor de YCRT, Omar Zeidán, y otros seis funcionarios
también fueron denunciados por “incumplimiento de los deberes de funcionarios
públicos”, entre otros hechos. La intervención macrista está realizando
una auditoría de la gestión kirchnerista en el yacimiento. Hasta ahora
suspendió a dos gerentes. Eso motivó que los funcionarios suspendidos
presentaran esta denuncia ante el juez Bonadio y otra ante el juez Rodríguez
por el desvío de fondos de la era K. En la presentación ante Bonadio señalan
que el interventor macrista avanzó en su contra pero no contra las máximas
autoridades que ordenaron los pagos sin liictación. Además, los gerentes de
YCRT plantean que Zeidán también recurriría a la misma operatoria para “obviar”
llamados a licitación pública y poder realizar compras directas.
Comentarios
Publicar un comentario
Nos interesa conocer su opinión sobre el blog. Gracias.