El proceso judicial denominado "Lavo Jato", liderado por el juez Sergio Moro, que resulta en la condena del ex presidente Lula da Silva es el espejo en el cual los argentinos nos podemos mirar y comparar. La velocidad y eficacia de la justicia brasilera pone en clara evidencia la lentitud e ineficacia de la nuestra. Se trata en este caso, al igual que nuestro pais, de un ex presidente que tiene el apoyo popular de los sectores sociales que se beneficiaron de sus políticas.
Además de la firmeza. la seriedad e independencia del trabajo del juez Moro, entre los factores que hacen a la eficacia de la justicia de Brasil en este proceso, es la figura en incluida en sus normas de la "delación premiada".
La noticia:
"El juez federal Sergio Moro cumplió
el “gran sueño” que había albergado desde un primer momento del caso Lava Jato.
Condenó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a
9 años y medio de prisión por delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
La causa que llevó al magistrado a
incriminarlo fue la compra, nunca concretada, de un departamento de tres pisos
en Guarujá, en el litoral marítimo paulista.
Según deducciones del juez de
Curitiba y sus fiscales, Lula y su familia habrían buscado hacerse de esa
propiedad como parte de pago de sobornos de la constructora OAS, a cambio de
recibir “ventajas indebidas”. Ocurre que el inmueble permaneció, siempre, a
nombre de esa empresa que inclusive lo empeñó, junto a otros bienes, como
garantía para la obtención de créditos.
La sentencia contra el ex jefe de Estado,
que gobernó Brasil por dos períodos consecutivos entre 2003 y 2010, impone
también el pago de 200 mil dólares de multa y la caducidad de los derechos
políticos del ex líder sindical por 19 años; lo que de hecho llevaría a
restituírselos cuando cumpla los 90.
El juez de Paraná adquirió su fama
actual al desentrañar la existencia de una mafia corrupta que actuaba en el
seno de la petrolera estatal Petrobras, en conjunto con las grandes
constructoras del país y con los principales políticos brasileños.
Dos actores claves a lo largo de las
investigaciones fueron, por un lado, los ejecutivos de Odebrecht –entre ellos
su ex titular Marcelo Odebrecht--; y por el otro más de un centenar de
legisladores que sin embargo todavía continúan activos como miembros del
parlamento actual.
En la perspectiva de Moro, Lula
habría recibido en “donación” el departamento de Guarujá por interceder a favor
de OAS en contratos realizados con la petrolera pública.
Con todo, algo le impidió a Moro
avanzar con más “rigor” contra el ex gobernante. Fue precisamente la evaluación
de ese juez de queuna detención preventiva de Lula da Silva sería
“traumática”.Así dejó en manos de la Corte de Apelación que podrá, o no,
tomar medidas para el encarcelamiento.
Moro sencillamente no quiso cargar
con el “onus” de semejante decisión, porque como bien dijo en el largo escrito
para justificar la condena: “el momento recomienda prudencia”. Y no fue
“prudencia” lo que le faltó al hombre del Lava Jato. Ayer, la seguridad de la
Justicia Federal de Paraná donde Moro tiene su sede, fue reforzada al máximo.
Temían, y con razón, una ofensiva de manifestantes frente al lugar, a favor de
Lula y contra Moro.
La resolución condenatoria, eximida
de prisión, puede sin embargo oficiar de chispa para una crisis galopante. Por
de pronto, las organizaciones sociales y la izquierda comenzaron a convocar a
movilizaciones. Para estos sectores, Lula es víctima de una intención política
aviesa: la de impedir que se presente en las elecciones presidenciales
de 2018.
El líder del Partido de los
Trabajadores venía en un proceso de meteórico crecimiento en las encuestas.
Todas ellas lo daban como ganador en la primera y segunda vuelta. La última
consulta, de Vox Populi, reveló que había conquistado 40% de los votos
espontáneos entre los encuestados. Le seguía a distancia el diputado derechista
Jair Bolsonaro y luego la ex senadora Marina Silva.
El espectro político de la izquierda
condenó la “maniobra judicial”. La presidenta del PT, senadora Gleisi Hoffmann,
sostuvo que “la condena fue política”. El objetivo, dijo, fue “incriminar al
presidente para impedir que él participe del proceso político brasileño” en
2018.
“Es una decisión sin pruebas. Es
lamentable que un magistrado se preste al papel de hacer política a
través del sistema judicial”. Para los dirigentes de la Central Unica de
Trabajadores, una “elección sin Lula será un fraude”.
En cuanto la sentencia recorría la
Tierra a la velocidad de internet, con títulos en las tapas de los principales
diarios del mundo, en el Palacio del Planalto no ocultaron sus temores
por el impacto directo que podrá aportar a la angustiosa incertidumbre que vive
el presidente Michel Temer.
Para sus colaboradores, es un momento
que llama a la cautela. Si bien momentáneamente este caso saca del foco al jefe
de Estado, al menos por ahora, por otro lado es difícil pensar cómo harán los
diputados para votar en contra de la denuncia por corrupción que pesa sobre la
cabeza presidencial como una filosa espada.
“La decisión de condenar a Lula abre
precedentes para otros políticos” analizaban en Brasilia. Entre ellos, claro
está, el propio Temer y varios de sus ministros. Se prevé que el lunes próximo
la Cámara de Diputados proceda a votar si autoriza o no una investigación
contra el gobernante por corrupción pasiva, que denunció el procurador general
Rodrigo Janot. Si admite el juicio contra Temer, este tendrá que apartarse de
inmediato de la presidencia.
Al anochecer de este miércoles, la
defensa del líder petista sostuvo que Lula fue blanco “de una investigación
movida por motivos políticos. No hay ni una sólo evidencia creíble de la culpa
de Lula. Y las pruebas de su inocencia fueron descaradamente descartadas”.
Clarin
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